Un nuevo modelo de financiación de los servicios públicos

Hace poco lancé una idea en Facebook que generó algo de interés y que creo que puede merecer la pena explicar con un poco más de detalle.

Básicamente, se trata de evitar que emitamos tanta deuda pública y para ello se propone hacer que los servicios públicos se paguen siempre por los ciudadanos en el mismo momento en que son prestados y que luego a la hora de hacer la declaración de la renta al año siguiente los ciudadanos presenten las facturas de colegios, hospitales, etc. y que se les ingrese el 100% de estos gastos en caso de que las cuentas públicas hayan ido bien ese año, y si no el porcentaje máximo al que ese año se pueda llegar en función de cuanto se haya ingresado por IRPF, IVA o Sociedades.

¿Cómo funciona?

El principio de funcionamiento es muy simple. Cada vez que una persona acude al médico, compra un medicamento o lleva a sus hijos a un colegio público, se le emitirá una factura que esa persona tendrá que pagar en el acto, al igual que hubiera ocurrido si el servicio se lo hubiera prestado una empresa privada. El importe que vendrá en la factura corresponderá al 100% del servicio, sin ningún tipo de subvención. Así, si por ejemplo acudir al médico de cabecera tuviera un coste de 50 € (entre salario del médico, mantenimiento del edificio, aire acondicionado, mantenimiento de la base informática, etc) ese mismo coste de 50 € se facturaría al usuario y este lo tendría que pagar de inmediato (efectivo, tarjeta, etc).

Cada año, a la hora de hacer la declaración de la renta, el borrador de la AEAT incluiría ya todos estos conceptos, teniendo el ciudadano la opción de añadir o corregir en su declaración aquellos servicios o importes que por el motivo que sea no estaban correctamente registrados. A la hora de remitir la declaración de la renta, esta se evaluaría, se calcularía cuantos ingresos tuvo el Estado el año anterior (entre IVA, IRPF, Sociedades, tasas, gasolina, alcohol, etc) y se decidiría si al ciudadano se le puede devolver el 100% del importe de esos servicios (que sería lo normal si la economía no está en crisis) o una cantidad inferior en el caso excepcional de que se esté pasando por un bache económico.

¿Por qué hacer esto?

Actualmente se dan varias situaciones que pueden hacer este sistema interesante. En concreto:

• Estamos continuamente pidiendo dinero prestado para pagar los servicios públicos, haciendo subir cada vez más la famosa prima de riesgo, y exponiéndonos al peligro de que en el medio plazo, acabemos usando una buena cantidad de nuestros impuestos para pagar intereses. Con el sistema que propongo, automáticamente se deja de emitir deuda pública, pues los servicios son financiados por los ciudadanos, los cuales al año siguiente - a diferencia de los inversores que compran deuda pública - no van a exigir intereses, e incluso no recibirán el 100% de los importes si los ingresos vía impuestos no han sido ese año satisfactorios.
• Muchas personas desconocen realmente el precio de los servicios públicos. Todos conocemos a personas que han tardado más de ocho años en hacer carreras técnicas de tres años, por la sencilla razón de que desconocían que cada curso académico costaba realmente 5.000 € , aunque ellos solo pagaban por el año completo unos 900 € . Esto debe cortarse de raíz, y la mejor manera es que tras recibir un servicio, se sepa realmente lo que ha costado y se abone.

¿Donde aplicarlo?

En principio en todos los servicios públicos donde sea posible. En concreto:

• Guarderías, colegios, universidades. Todos estos servicios públicos simplemente emitirían facturas mensuales igual que están haciendo las empresas que dan estos mismos servicios de manera privada.
• Centros de salud, ambulatorios, hospitales, farmacia.
• Carreteras. Se debería establecer peajes en todas las carreteras. Para las calles y circunvalaciones se podría simplemente emitir una factura mensual a cada propietario de vehículo, en concepto de mantenimiento del asfalto, iluminación, etc.
• Aeropuertos, trenes, etc. Se trata de pagar no solo el precio del billete, sino los gastos de mantenimiento de estaciones, vías, aeropuertos, etc.
• Administración de justicia. Cada vez que alguien tenga un juicio por divorcio, una herencia, etc. automáticamente pagaría el coste de que se tramite el expediente, el juez, los administrativos que lleven el caso, etc.

Servicios exentos / Excepciones

Habría ciertos casos donde este sistema no se aplicaría. En concreto:

• Servicios de seguridad del estado (ejército, policía). Evidentemente, el 'sentirse seguro' no es un servicio que se pueda facturar, y tampoco parece razonable cobrar a una persona por hacer una denuncia. En estos casos, estos servicios se seguirían financiando directamente de las arcas del Estado.
• Situaciones temporales de paro. Mientras una persona no tenga trabajo se le seguirían entregando las facturas (para que sepa lo que realmente está consumiendo) pero no se le exigiría que las pagara .
• Servicios hospitalarios muy caros. En el caso de operaciones especialmente costosas y complejas, se cobraría al usuario solamente hasta cierto límite superior (3.000 € / 4.000 €) que no se rebasaría.

Adicionalmente, se podrían poner a disposición del ciudadano pequeños créditos para hacer frente al pago de los servicios públicos. Estos créditos - a un plazo no superior a 6 meses - estarían enfocados fundamentalmente a autónomos, los cuales habitualmente sufren períodos donde su tesorería no es muy boyante, hasta que cobran trabajos atrasados.

¿Este sistema implica el fin del principio de solidaridad?

Al explicar esta propuesta a algunas personas, estas han entendido que lo que se está proponiendo es que se acabe con el principio de solidaridad y que los servicios se paguen solamente por quien se consumen y que las personas con  más ingresos no contribuyan al sufragio de servicios prestados a personas con menor poder adquisitivo.

Vemos con un ejemplo que esto no es así; supongamos un escenario con dos personas, una con un salario de 15.000 € y otra con un salario de 100.000 € .

• La persona con un salario de 15.000 € , puede consumir servicios públicos en principio de manera ilimitada como hasta ahora: colegios, hospitales, etc. Si esta persona parte de unos ahorros al principio de año de 20.000 € , podría llegar incluso a consumir estos 20.000 € al final de año, aunque realmente no ingrese más que 15.000 €. Al final de año se calculará su IRPF (que posiblemente no pase de 2.000 € ) y posiblemente se le devuelvan los 20.000 € por los servicios que haya consumido.
• La persona con un salario de 100.000 € , podrá consumir también los servicios públicos que considere: supongamos en este caso que ha consumido por ejemplo 5.000 € Al final de año se calculará su IRPF (que facilmente ascenderá a más de 35.000 € ) se le devolverán los importes por los servicios que haya consumido (5.000 €) pero aun así, el estado se quedará - como está haciendo ahora mismo - con los 35.000 € que ha aportado. Evidentemente serán de estos 35.000 € de donde se sacará el dinero para pagar los servicios públicos que ha consumido la persona que tan solo cobra 15.000 €.

Realmente, lo único que está cambiandose es la fuente de donde se financian los servicios: en lugar de acudir a los mercados financieros, se acude al ciudadano.

¿Qué otros beneficios aporta?

 Aunque realmente con este sistema, los servicios se siguen financiando a través de impuestos, existe un periodo de tiempo que puede ir desde los 12 a los 18 meses desde que el ciudadano ha pagado por el servicio, y hasta que recupera el dinero al presentar la declaración de la renta (y además como se indica al principio, no siempre recuperará el 100%). Por tanto, es obvio que se exige un cambio de mentalidad:

• Los jóvenes al incorporarse al mercado laboral, sabrían que el primer paso sería ahorrar los salarios de los primeros años, para disponer de un fondo que les permita maniobrar en el medio plazo, ya que en este modelo, siempre deben tener ahorrado lo suficiente como para pagar los servicios públicos durante 12-18 meses antes de recuperar el dinero
• Se fomentaría el concepto de ahorro y la cooperación entre miembros de una misma familia.
• Las personas estarían acostumbradas a disponer siempre de un fondo ahorrado en el banco. Este fondo se irá usando cada año a medida que se consuman servicios y se rellenará de nuevo al presentar la declaración de la renta. Aunque en principio para el  ciudadano los servicios seguirían siendo gratis, el hecho de que tenga que adelantar su importe y no recibir la devolución hasta un año después, hará que muchas personas se acostumbren a disponer de este fondo ahorrado, situación que ahora mismo en muchas familias no se hace, las cuales destinan al consumo cada euro que ingresan.
• Quitas indoloras. Actualmente cuando se pide demasiada deuda y no se puede pagar, acaban realizándose quitas, dinamitando la credibilidad del país. Con este sistema, en las épocas de bonanza se devuelve el 100% de las facturas, pero en las de crisis se devuelve el 70%, el 80%, etc. Esto acaba teniendo el mismo efecto que una quita, con la diferencia de que se repercute en los ciudadanos, y no tiene efectos como la escalada de la prima de riesgo.

Por supuesto, el sistema que se propone no va en contra de la persecución de otro objetivo que también sería interesante: recortar el nivel de gasto público. Actualmente en España cada año el sector público gasta más de 0,4 billones de €, cifra que obviamente se podría disminuir haciendo una mejor gestión, un mejor trabajo de auditoría, etc.